Desde París, Francia, en exclusiva para el Tercer Canal de Colombia, Rodrigo Rojas, jefe de la oposición en Boyacá, presenta graves cuestionamientos a la administración del gobernador Carlos Amaya y denuncia presuntas irregularidades en procesos de contratación pública que, según sus declaraciones, involucrarían cerca de 270.000 millones de pesos. En esta entrevista, Rojas expone sus señalamientos sobre posibles favorecimientos políticos, transparencia administrativa y manejo de los recursos departamentales. Un testimonio que abre nuevos interrogantes sobre la gestión del Gobierno de Boyacá y plantea la necesidad de que los organismos de control esclarezcan los hechos denunciados, garantizando el debido proceso y el derecho de respuesta de las autoridades señaladas.
El dirigente de la oposición cuestiona el manejo de los recursos públicos a través de TierraSua, advierte sobre la concentración del poder político y reclama investigaciones sobre la infraestructura, la Licorera de Boyacá y la gestión ambiental. El gobernador rechaza las acusaciones y defiende la legalidad de su administración.
La disputa por el control político de Boyacá ha entrado en una fase de confrontación marcada por denuncias sobre contratación pública, manejo de recursos y permanencia de determinadas estructuras de poder. Rodrigo Arturo Rojas Lara, excongresista y dirigente liberal reconocido por su oposición al gobernador Carlos Andrés Amaya, ha intensificado sus cuestionamientos sobre la administración departamental y exige que los organismos de control investiguen la contratación ejecutada mediante TierraSua.
Durante una entrevista concedida en París a los medios Le Journal Diplomatique y Paris City Paper, Rojas expuso su preocupación por el rumbo político y administrativo de Boyacá. Cuestionó la concentración de decisiones en sectores cercanos al gobernador y señaló las dificultades que, a su juicio, siguen enfrentando los municipios en infraestructura vial, educación, salud y desarrollo rural. Sus denuncias se producen en medio de una controversia que ha adquirido alcance nacional.
Uno de los asuntos centrales es TierraSua, una sociedad de economía mixta utilizada para la ejecución de proyectos públicos. Rojas ha advertido sobre presuntas irregularidades en los mecanismos de contratación y ha solicitado a la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría y la Secretaría de Transparencia examinar los procedimientos de asignación y supervisión de recursos.
En junio de 2026, el dirigente señaló que los contratos cuestionados alcanzaban aproximadamente 270.000 millones de pesos. Según su denuncia, una parte de esos recursos se estaría adjudicando mediante mecanismos que podrían limitar la competencia y los controles sobre la contratación pública. La cifra corresponde al volumen de contratación señalado por Rojas, no a una cantidad cuyo desvío o pérdida haya sido demostrado.
El cuestionamiento también comprende la calidad de las obras. Rojas sostiene que, mientras se comprometen presupuestos significativos para infraestructura, numerosas comunidades continúan enfrentando dificultades de movilidad, deterioro de carreteras rurales y deficiencias en servicios esenciales. La controversia plantea preguntas sobre los criterios de selección de contratistas, el cumplimiento de las obligaciones contractuales y la eficacia de la supervisión departamental.
Las denuncias adquirieron una nueva dimensión durante la primera semana de noviembre, cuando el representante a la Cámara Daniel Briceño difundió un audio que, según su interpretación, generaba interrogantes sobre el eventual direccionamiento de proyectos mediante TierraSua. El congresista cuestionó la posibilidad de que existiera conocimiento anticipado sobre los destinatarios de determinados contratos y pidió explicaciones acerca de la utilización de fondos mixtos para ejecutar recursos públicos.
Carlos Amaya rechazó las acusaciones. El gobernador aseguró que eran falsas, cuestionó la autenticidad del material difundido y afirmó que no participaba en la conversación objeto de controversia. También anunció acciones judiciales frente a lo que considera señalamientos injuriosos y defendió la utilización de TierraSua como instrumento para desarrollar proyectos de infraestructura. Según su versión, la administración ha mejorado sus indicadores de ejecución de regalías y ha recibido auditorías de los organismos de control.
La confrontación no constituye, por sí misma, prueba de un carrusel de contratación. Establecer si existieron adjudicaciones indebidas exige examinar los contratos, los procedimientos de selección, las relaciones entre participantes, la ejecución de los proyectos y las decisiones de los funcionarios responsables.
En su intervención en París, Rojas también abordó los cuestionamientos que rodean la administración de la Nueva Licorera de Boyacá. El dirigente reclamó explicaciones sobre sus resultados financieros, gastos promocionales y prioridades de inversión, al considerar que la situación de la empresa pública requiere mayor transparencia.
Otro de los asuntos planteados fue la gestión ambiental en el entorno del lago de Tota. Rojas cuestionó decisiones relacionadas con el uso del suelo y pidió esclarecer denuncias sobre posibles beneficios particulares derivados de modificaciones territoriales. Las acusaciones requieren comprobar los actos administrativos correspondientes y establecer si existieron afectaciones ambientales o favorecimientos indebidos.
El enfrentamiento político también tiene una dimensión electoral. Rojas ha advertido sobre la posibilidad de que el proyecto liderado por Carlos Amaya mantenga su influencia mediante candidaturas de dirigentes cercanos a su administración. Su posición refleja una disputa por la continuidad o renovación del poder departamental, en un escenario donde los resultados de gestión, la transparencia y la inversión pública se han convertido en asuntos centrales de la confrontación.
La trayectoria de Rojas como dirigente liberal y figura de oposición explica parte de la intensidad del debate. Tras las elecciones departamentales de 2023, aceptó una curul en la Asamblea de Boyacá bajo el Estatuto de la Oposición y anunció una labor de vigilancia sobre la inversión de los recursos departamentales. Sus denuncias actuales se inscriben en esa línea de control político.
El caso TierraSua plantea una cuestión que excede las diferencias personales entre Rodrigo Rojas y Carlos Amaya. La utilización de sociedades de economía mixta y otros instrumentos para ejecutar recursos públicos exige mecanismos de transparencia, selección objetiva, seguimiento financiero y rendición de cuentas. Su legalidad debe evaluarse conforme a las condiciones específicas de cada operación y al régimen jurídico aplicable.
Las denuncias requieren respuestas documentadas y una investigación independiente, del mismo modo que las explicaciones de la Gobernación deben contrastarse con los expedientes de contratación y los resultados efectivos de las obras.
La disputa política de Boyacá se concentra ahora en una pregunta que las autoridades deberán esclarecer: si los recursos destinados al desarrollo departamental han sido administrados mediante procedimientos transparentes y competitivos o si existieron decisiones que favorecieron indebidamente intereses particulares.
Mientras Rodrigo Rojas insiste en que los organismos de control examinen la contratación y Carlos Amaya defiende la legalidad de su administración, el debate permanece abierto. Su resolución dependerá de las pruebas, los expedientes y las decisiones de las autoridades competentes, no únicamente de la confrontación política.