El gobernador de Boyacá enfrenta interrogantes sobre su situación patrimonial, mientras las denuncias por presuntas irregularidades en Tierrasua ponen bajo examen el manejo de millonarios recursos públicos. Rodrigo Rojas advierte sobre contratos que superarían los 270.000 millones de pesos y denuncia gastos administrativos por otros 120 millones. El debate alcanza el control político, los empréstitos departamentales y las responsabilidades de quienes intervienen en la contratación.
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Mientras el gobernador de Boyacá enfrenta cuestionamientos sobre su patrimonio, las denuncias contra Tierrasua revelan un entramado de decisiones contractuales que exige investigación. Daniel Briceño señala un presunto direccionamiento de recursos, Rodrigo Rojas cuestiona operaciones superiores a los 270.000 millones de pesos y documentos oficiales confirman la asignación de millonarios proyectos a la sociedad de economía mixta.
Por Redacción de Investigación | Le Journal Diplomatique
El escándalo de Tierrasua tiene nombres, cifras y documentos. También tiene una pregunta que las autoridades deben resolver: ¿quiénes se están beneficiando de las decisiones que comprometen miles de millones de pesos del patrimonio público de Boyacá?

En el centro de la controversia aparece Carlos Andrés Amaya, gobernador del departamento, quien ha comparecido ante la Corte Suprema de Justicia por señalamientos relacionados con un posible enriquecimiento patrimonial injustificado. A ese antecedente se suman denuncias sobre contratación que apuntan directamente a decisiones tomadas durante su administración.
Uno de los documentos determinantes es el Decreto 0458 del 22 de junio de 2026. Mediante este acto administrativo, la Gobernación designó a Tierrasua como entidad ejecutora del proyecto de pavimentación de la vía Tenza–Sutatenza, identificado con el código BPIN 2026004150009, una inversión superior a los 52.000 millones de pesos.
El decreto es una decisión administrativa verificable, no una acusación política. Confirma que el Gobierno departamental entregó a Tierrasua responsabilidades de ejecución y contratación de la interventoría de una obra financiada mediante recursos públicos. Gobernación de Boyacá
Lo que debe examinarse es cómo se adoptaron esas decisiones, quiénes intervinieron en las contrataciones posteriores y si los procedimientos garantizan una selección transparente.
El audio denunciado por Daniel Briceño
El 6 de noviembre, el representante a la Cámara Daniel Briceño denunció públicamente la presunta utilización de Tierrasua para direccionar contratos hacia personas cercanas al poder político departamental.
En sus señalamientos mencionó al gobernador Carlos Amaya, al excongresista Wilmer Castellanos y al diputado John Álex López, cuya voz fue atribuida a una grabación difundida por el congresista.
El contenido divulgado plantearía, según Briceño, la existencia de conversaciones sobre la distribución de recursos para obras antes de completar los procedimientos de adjudicación.
La gravedad de la denuncia reside en ese detalle: la posibilidad de que decisiones sobre los beneficiarios de recursos públicos se estuvieran anticipando a los mecanismos legales de selección.
Es un señalamiento que exige verificar la autenticidad del audio, identificar las personas involucradas y reconstruir las decisiones administrativas y contractuales.
El congresista también ha cuestionado el uso de sociedades de economía mixta para ejecutar recursos de regalías y otras inversiones mediante mecanismos que, según su denuncia, podrían debilitar la competencia y los controles ordinarios.
Rodrigo Rojas: 270.000 millones bajo cuestionamiento
Las advertencias sobre Tierrasua no comenzaron en noviembre.
El exdiputado Rodrigo Rojas había solicitado la intervención de organismos de control para examinar operaciones que, de acuerdo con sus declaraciones, superarían los 270.000 millones de pesos.
Rojas ha cuestionado el modelo contractual de Tierrasua y su utilización para administrar recursos departamentales.
«Esto no estaría pasando si en lugar de haber creado un contratadero para ejecutar recursos a dedo, hubieran decidido contratar de manera transparente como lo ordena la ley», afirmó.
A estas denuncias se suma una cifra que vuelve a colocar los gastos administrativos bajo escrutinio.
«120 millones de pesos en cafecitos y fotocopias. Así derrocha Tierrasua la plata de los boyacenses», sostuvo Rojas.
La denuncia plantea la necesidad de identificar los contratos, facturas, proveedores y autorizaciones correspondientes a los 120 millones de pesos señalados.
El exdiputado también afirmó que Tierrasua se habría convertido en destino de recursos procedentes del endeudamiento departamental.
«Tierrasua se volvió el destino final de los Amaya-Empréstitos, entonces están derrochando el dinero con el que endeudaron a los boyacenses», manifestó.
La trazabilidad de esos recursos constituye uno de los aspectos que requiere una revisión documental completa.
Una investigación patrimonial que exige esclarecer su alcance
La comparecencia de Amaya ante la Corte Suprema, relacionada con señalamientos sobre un posible enriquecimiento injustificado, incorpora otra dimensión al escrutinio de su administración.
La eventual existencia de movimientos patrimoniales sin justificación legal es un asunto distinto del posible direccionamiento contractual. Una relación entre ambos requeriría demostrarla mediante pruebas financieras y judiciales.
No existe confirmación documental disponible de que la actuación patrimonial de la Corte tenga su origen en Tierrasua.
Sin embargo, las denuncias contractuales plantean preguntas concretas que deben ser investigadas: si hubo favorecimientos indebidos, qué personas participaron en las decisiones, quiénes recibieron los contratos y qué controles se aplicaron sobre los pagos.
El control político y los obstáculos denunciados
A los cuestionamientos anteriores se suma el antecedente de Cuítiva, donde el personero municipal tuvo que acudir a una acción de tutela para garantizar su intervención en un debate sobre obras públicas.
El diputado Carlos Torres cuestionó las dificultades para ejercer control político y defendió el derecho de las comunidades a conocer la ejecución de los proyectos que afectan sus territorios.
Este episodio refleja la importancia de que Tierrasua y las autoridades departamentales entreguen oportunamente información sobre sus decisiones, contratos e inversiones.
El rastro del dinero
El esclarecimiento del caso exige examinar los registros de contratación, los expedientes de adjudicación, los convenios interadministrativos, los documentos de supervisión, las órdenes de pago y los posibles vínculos entre contratistas y responsables de las decisiones.
Las preguntas son precisas.
¿Existieron beneficiarios predeterminados antes de las adjudicaciones? ¿Se utilizaron figuras contractuales para evitar indebidamente procedimientos competitivos? ¿Cuánto cuesta la administración de Tierrasua? ¿Qué proporción de los recursos departamentales fue efectivamente destinada a las obras?
Son asuntos comprobables mediante expedientes y documentos financieros.
El problema de Tierrasua no se agota en una grabación, una denuncia o un decreto. Es la acumulación de decisiones y cuestionamientos sobre el manejo de recursos públicos lo que exige una investigación exhaustiva.
Los organismos competentes tendrán que determinar si las actuaciones se ajustaron a la ley y si existen responsabilidades individuales.
En Boyacá, el rastro de los contratos debe poder seguirse hasta el último peso. Y las explicaciones tendrán que ser tan precisas como las cifras que hoy están bajo cuestionamiento.