Petro anuncia que 70.000 testigos digitales presentarán pruebas sobre presuntas anomalías en la elección presidencial

BOGOTÁ — El presidente Gustavo Petro elevó este lunes la disputa sobre las elecciones presidenciales de 2026 a un nuevo nivel al anunciar que representantes de más de 70.000 Testigos Digitales presentarán públicamente lo que calificó como pruebas de presuntas irregularidades en los documentos electrónicos que sustentan el resultado electoral.

Petro convocó una rueda de prensa nacional e internacional para las cinco de la tarde, en la que los Testigos Digitales y el denominado Frente Digital explicarán las evidencias recopiladas durante la vigilancia, descarga, preservación y análisis de los formularios E-14.

“El día lunes se presentará a la ciudadanía y al mundo”, escribió el mandatario al anunciar la comparecencia. En otra publicación aseguró que los hallazgos, “mirados en conjunto”, permitirían cuestionar la integridad del proceso que declaró ganador a Abelardo de la Espriella. Anuncio del presidente Gustavo Petro.

La declaración representa una de las acusaciones institucionales más graves formuladas después de la segunda vuelta del 21 de junio. No proviene únicamente de una controversia entre candidatos: se apoya en el trabajo de una red ciudadana integrada por programadores, analistas, profesionales, testigos electorales y voluntarios que conservaron y examinaron miles de actas publicadas por la Registraduría Nacional.

El colectivo sostiene que su objetivo no es reemplazar a los jueces ni anticipar responsabilidades penales. Sin embargo, su conclusión central es contundente: los documentos digitales disponibles para la ciudadanía no permitirían demostrar de manera abierta e independiente que permanecieron completos, unidos e inalterados desde su digitalización hasta su publicación.

Las alertas de los testigos electorales

Los testigos electorales constituyen una de las primeras líneas de control del voto. Permanecen en las mesas durante el conteo, pueden presentar reclamaciones y conservar fotografías o copias de las actas elaboradas por los jurados. Esas imágenes permiten comparar posteriormente los resultados físicos con los documentos publicados por la autoridad electoral.

De acuerdo con el llamamiento ciudadano, más de 75.000 personas dentro y fuera de Colombia participaron en la vigilancia y preservación de la información correspondiente a las elecciones de 2026.

El análisis afirma haber examinado 122.017 mesas y haber encontrado tres problemas principales: páginas de resultados separadas de las hojas con las firmas de los jurados; identificadores de mesa y corporación sustituidos por expresiones como “000” y “XXX”; y centenares de formularios con la marca “CONFIDENCIAL” o con páginas no digitalizadas.

La separación entre los resultados y las firmas es especialmente sensible. La firma permite asociar los votos consignados con los jurados responsables del escrutinio de mesa. Si las páginas se publican por separado y carecen de identificadores públicos suficientes, argumentan los Testigos Digitales, un ciudadano no puede demostrar que ambas pertenecen al mismo documento físico.

El informe también cuestiona la ausencia, en los archivos de consulta pública analizados, de metadatos verificables, estampillas de tiempo y huellas criptográficas que permitan reconstruir el origen y la historia de cada documento.

Más de 32.000 mesas bajo cuestionamiento estadístico

El hallazgo más delicado se refiere al comportamiento de los resultados mesa por mesa.

Según el documento, el análisis de las 122.017 mesas identificó bloques consecutivos excesivamente prolongados en favor de una misma opción electoral. Los autores aseguran que esos patrones comprenden más de 1.300 puestos de votación, más de 32.000 mesas y cerca de ocho millones de votos.

El estudio sostiene que la probabilidad de que un agrupamiento de esa magnitud se produzca únicamente por azar sería prácticamente nula.

La afirmación es grave, pero todavía necesita una verificación independiente. Los bloques estadísticos no demuestran por sí solos que los votos hayan sido alterados: las mesas de un mismo puesto pueden compartir características geográficas, económicas y políticas. Para establecer si existe una irregularidad real será necesario conocer las bases completas, la metodología, el código empleado y la forma en que se controlaron esas variables.

Los propios autores reconocen que sus hallazgos no permiten condenar anticipadamente a una persona ni atribuir responsabilidades. Por eso solicitan confrontar los resultados digitales con los formularios físicos originales, las fotografías tomadas por los testigos electorales, las actas de claveros, las bases de transmisión, los registros de modificaciones y las diferentes versiones de los archivos publicados.

La Registraduría niega haber eliminado los controles

La Registraduría Nacional ha rechazado los cuestionamientos sobre la seguridad de los formularios E-14.

En un comunicado emitido el 21 de junio, la entidad aseguró que las estampillas de tiempo y los mecanismos hash no fueron eliminados. Sostuvo que la información sobre la digitalización se conserva en los metadatos de las descargas masivas y en las bitácoras internas de la institución.

La entidad explicó que los partidos, los organismos de control y las misiones de observación tienen acceso a archivos mediante canales especiales. También afirmó que la sustitución parcial de datos por letras como “X” en el visor ciudadano busca impedir descargas automatizadas que puedan afectar la plataforma. Respuesta oficial de la Registraduría.

Pero esa explicación no cierra el debate. El cuestionamiento de los Testigos Digitales no consiste solamente en determinar si la Registraduría conserva internamente los controles, sino en establecer si la ciudadanía puede utilizarlos para verificar los documentos sin depender exclusivamente de la palabra de la institución que administra los archivos.

La justicia tendrá la última palabra

La elección de De la Espriella fue avalada por las autoridades electorales y las misiones internacionales no informaron irregularidades sistemáticas capaces de comprometer el resultado. La Misión de Observación Electoral de la Unión Europea describió la segunda vuelta como transparente y bien organizada, aunque reconoció que todavía faltaban etapas del escrutinio y la resolución de eventuales recursos. Informe preliminar de la misión europea.

Esto no impide que las evidencias sean examinadas. La jurisdicción contencioso-administrativa y el Consejo de Estado tienen la competencia para valorar las demandas, ordenar pruebas y determinar si las inconsistencias denunciadas afectaron la legalidad de la elección.

Los Testigos Digitales solicitan que se conserven inmediatamente los formularios físicos, archivos electrónicos, imágenes originales, bases de datos, metadatos, historiales de modificación y bitácoras de los sistemas. También piden auditorías académicas y forenses independientes.

Colombia entra así en una discusión que supera la confrontación entre Petro y De la Espriella. Lo que está en juego no es únicamente quién ganó la Presidencia, sino si el sistema electoral puede demostrar de manera técnica, pública y reproducible que cada voto fue registrado y consolidado correctamente.

Las denuncias no pueden sustituir las pruebas. Pero las explicaciones institucionales tampoco pueden reemplazar una auditoría independiente.

Si los documentos son íntegros, la verificación deberá confirmarlo. Si existen alteraciones, la justicia tendrá que establecer su origen, alcance y efecto. En una democracia, la confianza no puede imponerse: debe poder comprobarse.