Demandar al periodista: Daniel Mejía Lozano frente a Abelardo de la Espriella y el legado de DMG

Procesos judiciales, sanciones económicas solicitadas y antecedentes controvertidos en la liquidación de DMG exponen un patrón de presión contra el periodismo investigativo. Alertas sobre la seguridad del periodista ponen en relieve el costo de investigar redes de poder y patrimonio en Colombia.

Un patrón de judicialización

Durante los últimos dos años, el periodista Daniel Mejía Lozano ha enfrentado una serie de acciones legales promovidas por Abelardo de la Espriella, quien se perfila como gran opcionado a la Presidencia de Colombia. Según informó la Revista Vorágine, estas demandas incluyen acciones civiles, tutelas y procesos penales ante el Juzgado 035 de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de Barranquilla, así como múltiples actuaciones en Bogotá y otras ciudades.

“Esto no es un caso aislado”, dijo Julián Martínez Vallejo, periodista y demandado junto con Mejía Lozano. “Es una estrategia sistemática: desgastar, intimidar y enviar un mensaje a quienes investigan la esfera de poder de un candidato presidencial”.

Entre 2023 y 2024, De la Espriella inició procesos contra Camila Zuluaga, Melquisedec Torres y otros periodistas reconocidos, acumulando procesos en distintas jurisdicciones, lo que, según abogados en libertad de prensa, constituye un patrón de acoso judicial (SLAPP).

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) ha seguido de cerca el caso de Daniel Mejía Lozano, señalando que la multiplicidad de demandas, tutelas y sanciones económicas en su contra constituyen un patrón de intimidación judicial contra periodistas de investigación, especialmente cuando los temas involucrados tienen alto interés público, como los vínculos de Abelardo de la Espriella con DMG y redes de poder cuestionables. Frente a estas denuncias, De la Espriella ha emitido comunicados públicos en los que niega categóricamente cualquier enriquecimiento ilícito o intención de coartar la libertad de prensa, y asegura que las acciones legales emprendidas buscan únicamente proteger su honra y rectitud profesional. No obstante, para organizaciones como la FLIP, la persistencia y dispersión territorial de los procesos genera un efecto disuasorio que trasciende lo legal y se aproxima a la presión directa sobre el ejercicio periodístico.

“La multiplicidad de demandas no busca justicia, sino inhibir la investigación periodística”, afirmó Ana María Rodríguez, abogada especializada en derecho a la información.


DMG y la liquidación cuestionada

El núcleo de las investigaciones es el caso DMG, la pirámide financiera de David Murcia Guzmán, colapsada dejando miles de víctimas. Las publicaciones de Mejía Lozano y otros reporteros analizan la liquidación del emporio, los destinos de activos y los beneficios económicos derivados de asesorías jurídicas, incluyendo la actuación de Abelardo de la Espriella, quien ha sido vinculado públicamente a estos procesos, aunque sin condena judicial.

“La pregunta no es si hubo una condena penal —porque no la hay—, sino si existieron vínculos económicos que debieran ser transparentados”, explicó Ignacio Gómez Gómez, periodista e investigador de casos de corrupción.

María Mercedes Perry, denominada públicamente como la “liquidadora estrella” por el expresidente Juan Manuel Santos, ha consolidado una relación profesional y estratégica con Abelardo de la Espriella que, según analistas y periodistas que han seguido la liquidación de DMG, trasciende el ámbito estrictamente legal. La alianza se evidencia en la coordinación de acciones judiciales y sanciones económicas contra periodistas que investigan el destino de los recursos de DMG, así como en la defensa conjunta de intereses relacionados con la gestión de activos y patrimonio financiero controvertido. Fuentes judiciales consultadas por medios de investigación señalan que esta relación ha generado un efecto de poder concentrado, donde la liquidadora y el abogado – candidato presidencial -utilizan el sistema judicial como herramienta de protección de su posición y patrimonio, una práctica que refuerza las críticas sobre intimidación y riesgo al periodismo investigativo en Colombia.


María Mercedes Perry y las sanciones contra periodistas

Un capítulo crítico lo constituye la actuación de María Mercedes Perry, liquidadora de DMG. Perry solicitó ante la Fiscalía la imposición de una multa de 20 millones de pesos contra Mejía Lozano por un informe que expone presuntos actos de corrupción en la liquidación de la pirámide.

Durante una diligencia de conciliación en el proceso penal, Perry llamó “Juez” a un Fiscal, quien la corrigió en el acto, indicando que no ostentaba tal calidad. Este incidente, reportado por asistentes, evidencia confusión de roles y presiones procesales en un contexto sensible para la libertad de prensa.

“Cuando la sanción económica se usa contra periodistas que investigan corrupción, el mensaje es disciplinario y disuasorio”, dijo Carlos Muñoz, analista legal en libertad de prensa.

Además, según W Radio, Perry estuvo implicada en la pérdida judicial del megalote Las Mercedes (1.058 m²), a pocas cuadras del Centro Comercial Santa Fe en Bogotá, cuestionando su gestión y la protección del interés público.


Tutela y censura constitucional

En octubre de 2024, De la Espriella interpuso una acción de tutela contra Mejía Lozano y otros periodistas tras publicaciones sobre el presunto acoso judicial y vínculos con Álex Saab y David Murcia. La tutela trasladó la discusión del espacio público al terreno judicial.

“Esto es un claro intento de judicializar la palabra”, afirmó Alfredo Serrano Zabala, uno de los demandados. “Investigar deja de ser un derecho y se convierte en riesgo”.

Lo que enfrentó Daniel Mejía Lozano no fue un caso aislado, sino una práctica sistemática de Abelardo de la Espriella, quien ha utilizado durante años tutelas, demandas civiles y acciones judiciales múltiples como herramientas para intimidar a periodistas que exponen vínculos con dinero cuestionable o redes de poder opacas. La estrategia, replicada por su aliada María Mercedes Perry en el caso de DMG, demuestra un patrón donde la justicia se convierte en un instrumento de censura indirecta, en lugar de un mecanismo de resolución de conflictos. Para un periodista, esto significa que cada artículo, cada informe documentado, se transforma en un riesgo real de persecución legal y presión económica, incluso cuando los hechos están probados y respaldados por documentación pública.

Según Ana María Rodríguez, abogada especialista en derecho a la información, “cuando un candidato presidencial sistemáticamente utiliza los tribunales para silenciar investigaciones, lo que se pone en juego no es solo la libertad de prensa de un individuo, sino el derecho de toda la sociedad a conocer la verdad y ejercer un periodismo sin miedo”. Este patrón refleja un fenómeno más amplio: la judicialización como forma moderna de censura, donde el efecto disuasorio puede ser tan potente como una amenaza física, erosionando la confianza en las instituciones y limitando el escrutinio público de quienes aspiran al poder.


Riesgos para la vida del periodista

En paralelo, Mejía Lozano ha denunciado públicamente amenazas que ponen en riesgo su seguridad personal, derivadas del contexto de investigaciones sobre estructuras financieras y actores con capacidad de daño. Organizaciones de libertad de prensa y autoridades competentes han sido notificadas sobre la necesidad de medidas de protección, que según expertos en derecho internacional, son obligatorias en escenarios de riesgo creíble.

“El periodismo de investigación enfrenta un peligro tangible cuando aborda dinero, corrupción y redes de poder”, dijo María Fernanda Caballero, representante de una ONG de protección a periodistas en Bogotá.


A pesar de contar con un esquema de seguridad de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Daniel Mejía Lozano fue víctima de varios atentados contra su vida en Colombia. Lo que debía ser un mecanismo de protección se convirtió en vigilancia sistemática: cada movimiento del periodista era registrado y reportado a quienes se veían afectados por sus investigaciones. Informes internos y fuentes judiciales indican que la UNP ha sido cuestionada históricamente por directivos vinculados a casos de corrupción y, en algunos casos, condenados por nexos con narcotráfico, lo que refuerza la percepción de que el esquema que debía protegerlo terminó entregando información al poder que quería silenciarlo.

En el terreno mediático, la situación era igual de crítica. La prensa regional en Boyacá, según testigos y reportes de colegas del periodista, justificó la persecución de Mejía Lozano a cambio de pauta publicitaria, apoyando incluso una campaña sistemática de desprestigio. Las publicaciones locales se convirtieron en un instrumento más para minar la credibilidad del periodista, mientras ocultaban o desinformaban sobre los hallazgos de corrupción que sus investigaciones revelaban.

Hoy, desde Francia, Mejía Lozano enfrenta una nueva etapa de acoso judicial. Quién fuera objeto de sus investigaciones, Abelardo de la Espriella, posible próximo presidente de Colombia, impulsa procesos, tutelas y demandas que buscan silenciar sus reportes sobre corrupción, vínculos financieros opacos y redes de poder. La persecución judicial, combinada con la falta de confianza en los mecanismos de seguridad y la complicidad mediática, crea un escenario extremo de presión sobre la libertad de prensa, donde informar sobre la corrupción se ha convertido en un riesgo no solo profesional, sino personal, equivalente a las amenazas físicas que enfrentan tantos periodistas en el país.

El desafío democrático

El caso que envuelve a Mejía Lozano no es un litigio aislado. Es la convergencia de:

  1. Investigaciones sobre DMG y destino del dinero.
  2. Actuaciones controvertidas en la liquidación por parte de Perry.
  3. Sanciones económicas solicitadas.
  4. Tutelas y demandas reiteradas.
  5. Alertas sobre la seguridad personal del periodista.

“Cuando la justicia se utiliza para callar, no para esclarecer, el daño no es individual: es sistémico”, afirmó Ana María Rodríguez, abogada en derecho a la información.

En el marco constitucional colombiano y de estándares internacionales, investigar el dinero y el poder es un derecho protegido, mientras que criminalizar la información y judicializar la crítica amenaza los cimientos de la democracia.

“Preguntar por el dinero no puede ser un delito. Proteger al periodista no es opcional: es una obligación constitucional”, concluyó Rodríguez.

La vida de un periodista en Colombia no es solo el ejercicio de la palabra: es caminar sobre un hilo que vibra entre la justicia y la muerte. Cuando Daniel Mejía Lozano decide mostrar que el próximo posible presidente, Abelardo de la Espriella, se mueve en la sombra de un poder que huele a dinero ilícito y corrupción, cada línea escrita, cada documento citado, se convierte en un desafío que la tierra misma parece reprobar. En un país donde los muertos por investigar corrupción no han dejado de contarse, hacer visible lo que otros callan es un acto que no tiene retorno.

El riesgo no es metafórico. La historia reciente lo confirma: periodistas perseguidos por revelar mafias, redes financieras opacas o nexos con narcotráfico han sido objeto de asesinatos, desapariciones y amenazas constantes. Para quien decide destapar los entramados de De la Espriella, la intimidación judicial, la multiplicación de tutelas y demandas, y la vigilancia encubierta no son simples obstáculos legales: son señales de que el poder puede tocar los límites del derecho a la vida. Cada juicio es un recordatorio de que la justicia puede ser un arma en manos de quienes quieren silenciar la verdad.

Y sin embargo, el periodista sigue escribiendo, porque callar sería traicionar no solo la profesión, sino la historia de un país que necesita conocer sus verdades incómodas. En cada despacho, en cada sala de tribunales, se percibe el murmullo de la amenaza, el rumor de la violencia que acecha a quien se atreve a desnudar a un candidato que se proyecta como presidente y, al mismo tiempo, se oculta tras las sombras del poder ilícito. Allí, en esa tensión, la escritura se vuelve coraje: cada palabra es un acto de resistencia, y cada publicación un pulso contra quienes confunden riqueza, poder y crimen con democracia.

Comunicadora social y periodista de la Universidad Javeriana, con experiencia en medios internacionales, reside en Madrid España, ha trabajado para importantes cadenas de Canadá y de Inglaterra.

Investigadora, experta en comunicación política y de gobierno.

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