París–Bogotá — La pantalla se enciende con dos imágenes: yo, desde París, con el brillo gris de la mañana europea filtrándose por el estudio; él, desde Bogotá, con la luz más cálida de América Latina y un fondo de libros que lo anclan a su pasado académico. La transmisión por el Canal Trece marca el inicio de una conversación que aborda, de manera directa y técnica, dos de las preguntas más apremiantes sobre el futuro de Colombia: ¿cómo se construye dignidad social en una democracia frágil? ¿Qué papel tienen los salarios mínimos como herramienta concreta para proteger a quienes más necesitan protección?
Diego Cancino no es un político de frases hechas. Filósofo por formación y gestor por convicción, su trayectoria se ha movido desde las aulas de la Universidad Nacional de Colombia y la Universidad de los Andes hasta posiciones donde cada decisión incide directamente en la vida de millones de personas. Cuando le pregunto por su visión sobre la economía real de los trabajadores, su respuesta no es abstracta: es técnica, vinculada a cifras, comparaciones y su significado social.
El pulso técnico del salario mínimo en Latinoamérica
En la región, el salario mínimo es una medida clave para evaluar condiciones laborales y dignidad económica. Según datos recientes de 2025, Costa Rica lidera la región con un salario mínimo de aproximadamente 725,6 dólares al mes, seguida por Uruguay (505,5 USD) y Chile (504 USD). En contraste, Colombia, con alrededor de 323 USD mensuales, se ubica en niveles intermedios inferiores frente a sus pares latinoamericanos, reflejando desafíos persistentes en materia de ingresos básicos para los trabajadores formales.
La disparidad regional es técnica pero también política: mientras algunos países han logrado vincular ajustes salariales con índices de productividad e inflación, otros enfrentan obstáculos estructurales que limitan el poder adquisitivo real del ingreso mínimo. En Colombia, por ejemplo, un decreto presidencial de finales de 2025 fijó el salario mínimo en cerca de 1.750.905 pesos colombianos más un subsidio de transporte de 249.095 pesos, totalizando alrededor de 2 millones de pesos mensuales (≈ 537 USD), lo que, de aplicarse completamente, ubicaría al país entre los cinco con mayores ingresos mínimos en la región.
Una política con rostro humano
Para Cancino, estos números no son meros datos comparativos: representan vidas reales. “La política –me dice- se mide por su impacto en la gente que más sufre, no por su impacto mediático”. Su trayectoria en el Ministerio del Interior estuvo marcada por esa lógica: despliegues territoriales para escuchar comunidades, construcción de instituciones con presencia física, y diálogo directo con líderes locales como forma de traducir necesidades sociales en políticas públicas efectivas.
Esa convicción lo llevó a definir su propia noción de humanismo político: políticas que no tratan a las personas como estadísticas, sino como seres con derechos fundamentales. “Si la política no mejora la vida de quienes están peor -dice-, entonces es retórica sin sustancia”.
En el centro de la polémica
Durante la entrevista, Cancino aborda directamente una etapa difícil de su carrera: su paso como viceministro, cuando, afirma, surgieron intentos de neutralizar su voz en decisiones públicas. “Me quisieron callar, pero no me callé porque mi presidente es Gustavo Petro”, declara con firmeza. La frase, más que una expresión de lealtad institucional, funciona como una afirmación filosófica: que la política democrática exige hablar con claridad, incluso cuando las tensiones internas sugieren silencio.
Ese enfoque, sostenido en principios y cifras, lo lleva a promover un llamado a la movilización civil para acompañar al presidente en próximas jornadas públicas. “La presencia -explica- es una forma concreta de cuidar la democracia, especialmente cuando las condiciones económicas de los trabajadores están en discusión”.
Más allá del discurso
La inclusión de datos comparativos sobre salarios mínimos ofrece un marco de referencia técnico que, en boca de Cancino, se transforma en política con propósito. Los números muestran no solo dónde está Colombia en la región, sino también las aspiraciones que su gobierno —y él mismo como gestor— busca consolidar: mayores ingresos reales para trabajadores formales, reducción de brechas de desigualdad y un enfoque de política pública centrado en la dignidad humana.
Cuando la transmisión termina, el balance es claro: esta no fue solo una conversación sobre cifras económicas, sino una discusión sobre cómo las cifras se convierten en narrativas de justicia social. En tiempos donde la polarización política tiende a simplificar debates complejos, Cancino ofrece una alternativa: enfrentar los datos con rigor y, al mismo tiempo, afirmar que los salarios mínimos no son meros indicadores económicos, sino reflejos del valor que una sociedad concede a sus ciudadanos más vulnerables.
En conclusión, las palabras de Diego Cancino no son solo un testimonio personal, sino un llamado de alerta sobre la urgencia de proteger la libertad de expresión y garantizar la justicia social en Colombia. Su denuncia de intentos de silenciar voces críticas, combinada con su defensa del salario mínimo vital y la dignidad de millones de ciudadanos en situación de pobreza, sitúa el debate en el corazón mismo de la democracia: la necesidad de que las instituciones y los líderes políticos respondan a las demandas reales de la sociedad, más allá de tecnicismos y de intereses particulares, y que el país no siga postergando la equidad y la vida digna de quienes más lo necesitan.
