En 2019, en Tunja, se registró ante la Cámara de Comercio una sociedad comercial que con el tiempo se convertiría en un actor central de la infraestructura vial de Boyacá. Primero se llamó ASDETBOY S.A.S.; meses después adoptó el nombre de TIERRASUA S.A.S. Su figura jurídica: sociedad de economía mixta, con participación mayoritaria del Instituto de Fomento y Desarrollo de Boyacá (IDEBOY), entidad pública departamental.
En teoría, esa condición implica un principio claro: manejo de recursos públicos bajo control fiscal. En la práctica, la trazabilidad del control no resulta evidente.
La arquitectura jurídica
TIERRASUA S.A.S. fue constituida formalmente el 16 de mayo de 2019. Su objeto social incluye la administración de maquinaria, equipos y proyectos de infraestructura —especialmente viales—, así como la gestión de recursos para optimizar la ejecución técnica y operativa de obras públicas y privadas.
Al tratarse de una sociedad con mayoría de capital público (según registros, alrededor del 70 % provendría del IDEBOY), está sujeta al control fiscal de los organismos competentes, entre ellos la Contraloría General de Boyacá en el ámbito territorial.
Sin embargo, en la revisión de documentos y reportes públicos accesibles en línea no se encontró un informe de control fiscal específico emitido por el entonces contralor Juan Pablo Camargo sobre la operación de la empresa, pese a que su volumen contractual ha superado los 20.000 millones de pesos en distintos periodos.
Camargo anunció posteriormente su vinculación política a la campaña al Senado de Jhon Amaya, hermano del actual gobernador. No existe hasta ahora decisión judicial que establezca irregularidad alguna, pero la coincidencia temporal ha alimentado cuestionamientos en sectores políticos y ciudadanos del departamento.
Crecimiento acelerado
Según directorios empresariales consultados, TIERRASUA reportó un patrimonio neto cercano a los 720 millones de pesos en el último periodo registrado públicamente. En 2024, sus ingresos operacionales se estimaron entre 10.000 y 20.000 millones de pesos, con utilidades netas inferiores a 1.000 millones.
El crecimiento interanual de ingresos habría superado el 200 % en algunos trimestres, mientras que el aumento de activos totales habría alcanzado incrementos superiores al 500 % en ciertos periodos.
Para analistas en contratación pública, estos ritmos de expansión ameritan una revisión técnica detallada: la correspondencia entre patrimonio, flujo contractual y capacidad financiera es un indicador clásico de riesgo administrativo.
El contrato del inmueble
Uno de los actos contractuales que ha generado debate es el contrato directo CD-GB-4027-2025, mediante el cual la Gobernación de Boyacá entregó a TIERRASUA S.A.S. un inmueble ubicado en el conjunto Green Hills, bloque C, piso 2, local 4, en Tunja.
La decisión fue formalizada bajo la figura de contratación directa. No existe pronunciamiento judicial que determine ilegalidad, pero el hecho de que una empresa mixta —con mayoría pública— reciba un inmueble departamental para su operación ha sido interpretado por críticos como una señal de cercanía institucional que requiere explicación detallada.
Concentración contractual
Desde su creación, TIERRASUA ha concentrado su actividad contractual en convenios interadministrativos y acuerdos de “aunar esfuerzos” con la Gobernación de Boyacá, el IDEBOY y municipios como Tunja, Sogamoso, Chiquinquirá, Nobsa y Paz de Río.
Los montos oscilan desde 50 millones de pesos en servicios menores hasta 45.738 millones en proyectos viales de gran escala. Solo entre 2021 y 2025 se registran múltiples contratos y prórrogas para mantenimiento y mejoramiento de la red vial secundaria y terciaria, interventorías técnicas y estudios especializados.
En procesos reportados en SECOP II durante 2025, la empresa participó en contratos entre 368 millones y 5.261 millones de pesos.
El patrón muestra recurrencia y consolidación como operador habitual de infraestructura departamental.
Gobernanza y opacidad
Aunque la empresa mantiene un portal con secciones de transparencia y estados financieros, la composición detallada de su junta directiva no aparece publicada de forma abierta en registros mercantiles en línea ni en su página institucional.
Si la participación pública es mayoritaria, expertos en gobierno corporativo consultados señalan que la estructura directiva debería estar plenamente documentada y accesible para escrutinio ciudadano.
John Ernesto Carrero Villamil figura en documentos oficiales como representante legal y gerente. Su trayectoria política incluye haber sido Secretario de Infraestructura del departamento bajo la administración de Carlos Amaya, además de Director de la Unidad de Gestión del Riesgo de Desastres. Posteriormente aspiró a la Alcaldía de Tunja por el Partido Verde, colectividad vinculada políticamente al actual gobernador.
La relación institucional entre Carrero y Amaya es pública y verificable. No existe hasta ahora fallo que determine conflicto de interés, pero la coincidencia entre liderazgo político previo y administración de una empresa mixta con alta concentración contractual constituye un punto de análisis relevante.
Preguntas abiertas
La investigación no permite afirmar la existencia de un carrusel de contratación, concierto para delinquir o tráfico de influencias. Tampoco existe, al momento de esta publicación, imputación formal por parte de la Fiscalía.
Pero sí deja abiertas preguntas institucionales:
- ¿Quiénes integran formalmente la junta directiva de TIERRASUA S.A.S.?
- ¿Se publican de manera íntegra los informes de control fiscal sobre la empresa?
- ¿Cómo se evalúa la correspondencia entre patrimonio declarado y volumen contractual adjudicado?
- ¿Existe trazabilidad clara del 30 % de participación privada reportada en algunos documentos?
En Boyacá, donde la contratación pública representa uno de los principales motores económicos regionales, la transparencia no es un gesto político: es un requisito democrático.
La legalidad formal es apenas el primer filtro. El segundo, más exigente, es la claridad estructural. Allí es donde hoy se concentra el debate.
