Publicado en exclusiva — Transmisión programada en el Tercer Canal de Colombia
Paris — Bajo la luz implacable de una sociedad que ha vivido más de cuatro décadas de conflicto interno, narcotráfico y violencia política, Colombia se prepara para una de las elecciones más decisivas de su historia reciente. En medio de este paisaje atravesado por contradicciones, surge la figura de Gener Usuga, un candidato al Congreso que ha convertido en eje de su plataforma la necesidad de enfrentar de raíz la influencia de dinero ilícito en las campañas políticas.
Pero para comprender la relevancia de Usuga y su propuesta, es necesario desenterrar capas profundas de la historia política colombiana y su relación con el narcotráfico, los mecanismos a través de los cuales el crimen organizado ha moldeado decisiones estatales y cómo esa herencia aún influye en el presente político de 2026.
Gener Usuga cargó sobre sus hombros el peso de la violencia desde sus años como concejal en Risaralda. Fue secuestrado, encaró la amenaza de la muerte con la fría certeza de quien sabe que la verdad incomoda, y sobrevivió a atentados que buscaban silenciar su voz. Cada peligro, cada sombra de bala y cada instante de miedo se convirtió en un peldaño que lo hizo más firme, más consciente de que la política, para ser digna, debe caminar siempre de la mano de la valentía y la justicia. Sobreviviente y testigo, Gener Usuga encarna la resistencia de un país que quiere renacer, y su paso por la oscuridad lo transforma en un faro que ilumina la posibilidad de un futuro donde la democracia y las instituciones sean inviolables.

El peso histórico del narcotráfico en la política colombiana
La historia contemporánea de Colombia es, en buena parte, la historia de la lucha del Estado contra los carteles de droga —y de la manera en que estos últimos penetraron en la estructura del poder político. Ya en los años 80 y 90, figuras como Pablo Escobar y otros jefes del Cartel de Medellín no solo dirigían redes de tráfico de cocaína hacia Estados Unidos y Europa, sino que también buscaron legitimar su poder a través de la política formal.
No fue un episodio menor: Pablo Escobar llegó a ser elegido representante suplente a la Cámara en 1982, un hito que muestra cuán estrechos podían ser los vínculos entre crimen organizado y política formal en aquella época.
En la década siguiente, el escándalo conocido como el “Proceso 8000” sacudió al país cuando se reveló que el Cartel de Cali había financiado la campaña presidencial de Ernesto Samper con millones de dólares. Las grabaciones de los llamados narco‑casetes pusieron en evidencia vínculos financieros directos entre el narcotráfico y los altos mandos de una campaña presidencial, generando una crisis política sin precedentes en la Colombia moderna.
Este caso —junto con otros posteriores donde el narcotráfico y los grupos paramilitares infiltraron campañas y estructuras políticas— fue tan profundo que la Comisión de la Verdad de Colombia concluyó que el narcotráfico está insertado en el régimen político. Documentó que, en 2005, hasta el 35 % de los congresistas habían sido elegidos con apoyo directo o indirecto de grupos armados y sus redes de influencia, incluidos dineros provenientes del narcotráfico.
Dineros calientes y mecanismos de influencia
El término dinero caliente se utiliza para describir recursos sin trazabilidad clara, provenientes de economías ilegales, que terminan financiando campañas políticas. Esos recursos han alimentado desde pequeñas elecciones locales hasta campañas de alcance nacional.
Historias anecdóticas de políticos que, preocupados por el origen de los fondos, solicitaban “certificados de buena conducta” ante embajadas extranjeras, ilustran el nivel de penetración que tenían estas redes en la política de antaño.
Aun décadas después, los mecanismos pueden haber cambiado, pero el vacío regulatorio y la debilidad de las instituciones de seguimiento financiero siguen permitiendo que dinero de procedencia sospechosa o directamente ilícita se filtre en los comicios. En varios procesos recientes, analistas y observadores han señalado cómo campañas locales y regionales reciben aportes de figuras o estructuras con vínculos comprobados o sospechosos con economías ilegales y con grupos armados, tanto en Colombia como en el exterior.

Gener Usuga: un candidato que pone el foco en las narco‑campañas
En este contexto históricamente cargado, Gener Usuga aparece no solo como un candidato más, sino como una voz que intenta quebrar un patrón que, según él y sus seguidores, ha deformado la democracia colombiana. Su propuesta se centra en reformas estructurales al financiamiento de campañas, fortalecimiento de mecanismos de transparencia y creación de auditorías independientes que puedan rastrear con rigor cada peso que entra y sale de una elección.
Usuga, cuya trayectoria política se forjó lejos de las élites tradicionales, ha recorrido zonas urbanas y rurales, hablando con comunidades que han experimentado directamente el impacto del narcotráfico, desde la pérdida de vidas hasta la corrupción de las instituciones locales.
En su entrevista con Radio Internacional Colombia, realizada por este periodista y que se transmitirá en el Tercer Canal, Usuga no rehúye temas incómodos. Señala que mientras no se erradique la lógica de la influencia ilícita, Colombia seguirá confrontando desafíos democráticos profundos.
Casos contemporáneos y controversias persistentes
La historia no se detuvo con el Proceso 8000. Más recientemente, campañas presidenciales han sido sancionadas por irregularidades en financiación. Por ejemplo, la campaña de Gustavo Petro en 2022 fue hallada culpable por el Consejo Nacional Electoral de exceder los topes legales de financiación, con gastos no reportados incluidos aportes sindicales y publicidad sin declarar; un hito en la regulación electoral reciente.
Mientras tanto, en localidades como Risaralda, el ascenso de figuras políticas cercanas a familias con pasado en estructuras armadas -como el caso del hermano de alias Macaco, un exjefe paramilitar convicto – ha reavivado el debate sobre los vínculos entre violencia histórica, economías ilegales y política formal. La polémica en torno a estos fenómenos locales, aunque de menor escala que los grandes escándalos nacionales, refleja que la sombra de los grupos armados y sus redes económicas sigue proyectándose sobre la política.
Denuncias fuera del país y el reto transnacional
Las campañas de candidatos colombianos en el exterior también han estado bajo escrutinio. Organizaciones de observación y grupos de derechos humanos han señalado irregularidades en financiación, presión comunitaria y manipulación de identidades colectivas en campañas organizadas para los colombianos residentes fuera del país. Estos casos, aunque diversos en naturaleza y evidencia, subrayan los desafíos de garantizar transparencia y equidad en contextos transnacionales, donde las fronteras fiscales son más difíciles de regular.
La pregunta que sigue: ¿Puede Colombia romper con su pasado narco‑político?
Para Gener Usuga, la respuesta es sí, pero requiere voluntad política, reformas profundas y una sociedad que no tenga miedo de mirar al pasado para no repetirlo. Su narrativa —y la suya no es la única— es que la democracia colombiana no puede reclamar legitimidad mientras exista la percepción de que el dinero ilícito aún puede influir en quién llega al Congreso, a una alcaldía o a la presidencia.
“El primer paso para sanar una democracia es asegurarse de que el dinero que la financia no tenga sangre en sus manos”, dijo Usuga en un pasaje de la entrevista. Ante la historia tumultuosa de Colombia —una historia donde los carteles y sus economías han sido protagonistas tanto dentro como fuera de la ley— esa afirmación resuena como el punto de partida de un debate que será central en las urnas de 2026.

Gener Usuga camina por las calles de Paris con la calma de quien conoce la historia de su país y no teme enfrentarla. Habla sin miedo, con la voz clara de un hombre que ha visto cómo el dinero manchado de sangre ha intentado comprar conciencias y voluntades, y que ha decidido devolver a las instituciones su dignidad perdida. Defiende la democracia como se defiende un tesoro antiguo, protege la justicia como quien cuida la memoria de los que ya no están, y enfrenta la corrupción con la paciencia de quien sabe que la verdad, como el río, siempre encuentra su cauce. En cada palabra, en cada gesto, Gener Usuga se revela no solo como candidato, sino como un testigo y guardián de la esperanza colombiana, un líder que recuerda a todos que la política, cuando se ejerce con valor, puede ser también un acto de redención.









