Colombia no está en una guerra declarada como la que ocurre entre Estados, pero sí vive una situación de conflicto armado interno que se ha prolongado por más de 60 años.
Hoy las disidencias de las FARC han consolidado estructuras de control territorial paralelo en zonas rurales. Gestionan litigios, extorsiones, cultivos de coca, reclutamiento forzado y hasta funciones administrativas en ausencia del Estado.
Los ataques del pasado 21 de agosto en el municipio de Amalfi (nordeste de Antioquia) y en Cali son lamentables. En el primero un helicóptero Black Hawk UH-60 de la Policía Nacional fue derribado por un dron cargado con explosivos mientras participaba en labores de apoyo para la erradicación de cultivos ilícitos de coca mientras en Cali exploto un carro bomba.
El presidente Gustavo Petro atribuyó el ataque al Frente 36 del Estado Mayor Central (EMC), una disidencia de las FARC liderada por alias Calarcá.
El ataque fue un acto violento sumamente planificado, que utilizó un dron militarizado para derribar un helicóptero policial. No solo destaca por la alta letalidad, sino también por su audacia tecnológica, lo que representa una nueva amenaza para la seguridad aérea en zonas conflictivas.
En Cali, el atentado con carro bomba contra la Base Aérea Marco Fidel Suárez, ocurrido el 21 de agosto de 2025, generó una ola de reacciones contundentes por parte de autoridades, líderes políticos, organizaciones y la ciudadanía. El alcalde Alejandro Éder ordenó de inmediato la militarización de la ciudad y el refuerzo del control en las entradas y salidas de Cali, con apoyo del Ejército y la Policía. Asimismo, se restringió el tránsito de camiones de más de cuatro toneladas entre las 7 p.m. y las 4 a.m.
Se activó un Puesto de Mando Unificado (PMU) para coordinar la respuesta de emergencia y las investigaciones. Ambos, el alcalde y la gobernadora Dilian Francisca Toro, enfatizaron en mensajes a la comunidad afirmando que “el terrorismo no nos vencerá” y haciendo llamados a la unión ciudadana.
Se anunció una recompensa de hasta 800 millones de pesos (400 millones de la Alcaldía y 400 millones de la Gobernación) para quien brinde información que permita capturar a los responsables.
COLOMBIA MAL CALIFICADA EN SEGURIDAD
Expertos internacionales, como Oliver Wack (Control Risks), han expresado que la erosión de capacidades operativas e inteligencia ha favorecido a los grupos armados, fortaleciendo su control territorial y actividades ilícitas. Organizaciones como Human Rights Watch (HRW) han urgido al gobierno a diseñar una política clara para proteger a la población, especialmente en zonas como el Catatumbo, donde hay cientos de desplazados y violencia persistente.
rtículos de opinión como el de El País califican la política de “paz total” como fragmentada e ineficiente, evidenciando una falla en contener los grupos armados y desarticular su control territorial
En regiones como la Amazonía y la triple frontera (Colombia–Perú–Ecuador), grupos armados imponen control territorial, desplazando al Estado e imponiendo sus propias reglas sobre comunidades, extracción ilegal y tráfico. Ante esta escalada, el gobierno creó una unidad especial multi-delincuencia, un nuevo bloque élite para combatir a los grupos criminales con inteligencia y operaciones rápidas en el suroeste del país.
El Estado está reaccionando mediante unidades especializadas, tecnologías propias y negociaciones en curso, pero la amenaza sigue siendo intensa y multifacética.
