La investigación por el asesinato de Miguel Uribe Turbay, una de las figuras más visibles de la nueva generación política colombiana, podría tomar un rumbo internacional. Su padre, el candidato presidencial Miguel Uribe Londoño, afirmó que no descarta que los autores intelectuales del crimen se encuentren incluso dentro de sectores de la derecha colombiana y reveló que evalúa acudir a la Corte Penal Internacional para buscar el esclarecimiento total del caso.
En una entrevista con el periodista Daniel Mejía Lozano, Uribe Londoño lanzó una de las declaraciones más explosivas desde que el país quedó conmocionado por el magnicidio de su hijo, al advertir que la investigación no puede limitarse a las hipótesis tradicionales ni quedar atrapada en las divisiones ideológicas que históricamente han marcado la política colombiana.
“Sería un error asumir de antemano quién está detrás”, vino a señalar el dirigente, quien insistió en que la búsqueda de la verdad exige examinar todas las estructuras de poder que pudieron beneficiarse de la desaparición de una figura política con creciente protagonismo nacional.
Sus palabras adquieren una dimensión particular para la audiencia europea. Colombia ha vivido durante más de medio siglo bajo la sombra de asesinatos políticos, guerras entre carteles de narcotráfico, insurgencias armadas y redes de corrupción que, en numerosas ocasiones, han terminado mezclando intereses criminales con sectores del establecimiento político y económico. En ese contexto, la afirmación de que los responsables intelectuales podrían encontrarse incluso en espacios tradicionalmente asociados a la derecha constituye una ruptura con los relatos que suelen dominar el debate público.
Más aún, Uribe Londoño sugirió que la confianza en las instituciones colombianas no es absoluta. Por primera vez dejó abierta la posibilidad de trasladar la batalla judicial al escenario internacional si considera que la justicia nacional no logra identificar a quienes ordenaron el crimen.
La referencia a la Corte Penal Internacional, con sede en La Haya, representa mucho más que una estrategia jurídica. Es una advertencia política. Significa que la familia de la víctima está dispuesta a buscar responsabilidades más allá de las fronteras colombianas y a someter el caso al escrutinio de organismos internacionales si percibe riesgos de impunidad o presiones sobre la investigación.
La declaración llega en un momento de profunda polarización en Colombia, donde la violencia política vuelve a ocupar un lugar central en el debate nacional. Para numerosos observadores, la cuestión ya no es únicamente quién ejecutó el asesinato, sino quién tenía el poder, los recursos y el interés para ordenar la eliminación de un dirigente que representaba una voz influyente dentro del escenario político colombiano.
Al negarse a exonerar de antemano a cualquier sector, incluido aquel con el que tradicionalmente podría identificársele ideológicamente, Uribe Londoño ha llevado la discusión a un terreno incómodo para todo el espectro político. Su mensaje es inequívoco: la verdad podría encontrarse donde nadie quiere mirar.
Y si Colombia no logra encontrarla por sí sola, asegura, la búsqueda podría terminar en los tribunales internacionales de Europa.
